El reciente ingreso de un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, impulsado por los Ministerios de Agricultura y Vivienda y Urbanismo, ha puesto en el centro del debate la regulación de las parcelaciones rurales en Chile. Esta iniciativa tiene como objetivo ordenar el crecimiento no planificado de las zonas rurales y, al mismo tiempo, preservar los suelos agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria.
Durante la pandemia, el número de loteos en áreas rurales experimentó un notable aumento, reflejando el desplazamiento de la población desde las ciudades hacia el campo. De acuerdo con datos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), las solicitudes de subdivisión de terrenos casi se duplicaron entre 2019 y 2022, lo que ha generado preocupación en torno a la sostenibilidad de este crecimiento.
La nueva ley establece que las subdivisiones en áreas rurales solo podrán incluir una vivienda unifamiliar por lote, y en caso de proyectos que contemplen seis o más lotes colindantes, será necesario destinar al menos un 70% de la superficie a fines silvoagropecuarios, de conservación o restauración ambiental. Esto significa que únicamente un 10% del terreno podrá destinarse a uso habitacional, restringiendo significativamente las posibilidades de urbanización extensiva en estas zonas.
Uno de los aspectos más relevantes de esta normativa es que busca asegurar que los nuevos desarrollos residenciales rurales cuenten con los servicios básicos necesarios, accesibilidad adecuada, y medidas preventivas contra incendios forestales, entre otras exigencias. Además, el proceso de aprobación de estas subdivisiones será riguroso, involucrando a diversas autoridades como las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura y las Direcciones de Obras Municipales.
¿Cómo afectará esta Ley a los precios de los terrenos?
La implementación de esta ley tendrá un impacto significativo en el mercado de terrenos, especialmente en el sur de Chile, donde la demanda de parcelas y loteos ha sido alta en los últimos años. Al restringir el uso del suelo y establecer condiciones más estrictas para la subdivisión, es probable que el valor de los terrenos aumente, particularmente aquellos que ya cuentan con la infraestructura y permisos necesarios para desarrollos residenciales.
Por otro lado, la mayor regulación podría frenar la oferta de nuevos proyectos, lo que también contribuiría a una presión al alza en los precios de las parcelas disponibles. Es previsible que los terrenos que cumplen con las nuevas normativas adquieran un valor adicional, dada su escasez relativa y la complejidad de cumplir con todos los requisitos legales.
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